Se publica el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. La norma refunde varios textos legales en el ámbito de la discapacidad (Ley 13/1982, Ley 51/2003 y Ley 49/2007).

Tiene por objeto garantizar el derecho a la igualdad de trato y el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos.

La norma, que entró en vigor el 4 de diciembre de 2013, adapta los contenidos que se encontraban ya presentes en distintas normas.

Los contenidos laborales son los siguientes:

Infracciones y sanciones (antes regulado por Ley 49/2007)

Se incluye un régimen de infracciones y sanciones para garantizar las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Acción protectora (antes regulada por Ley 13/1982)

Se integra por las siguientes prestaciones:

• - Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica.
• - Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.
• - Recuperación profesional y la rehabilitación y habilitación profesionales.

No se incluyen, aunque los beneficiarios de estos subsidios continuarán percibiéndolos siempre que continúen reuniendo los requisitos exigidos reglamentariamente para su concesión y no opten por pasar a percibir pensión no contributiva de la Seguridad Social o asignación económica por hijo a cargo:

• - El subsidio de garantía de ingresos mínimos.
• - El subsidio de ayuda de tercera persona.

Política de empleo (antes regulada por Ley 13/1982)

Su finalidad es aumentar las tasas de actividad y de ocupación e inserción de las personas con discapacidad. Se prevé el establecimiento de las siguientes ayudas que faciliten su inclusión laboral:

• - Subvenciones o préstamos para la contratación.
• - Adaptación de puestos de trabajo.
• - Eliminación de barreras.
• - Posibilidad de establecerse como autónomos.
• - Bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social.
• - Cualquier otra adecuada para promover la colocación de las personas con discapacidad, especialmente la promoción de cooperativas y otras entidades de la economía social.

Empleo para personas con discapacidad (antes regulado por Ley 13/1982)

La norma regula los tipos de empleo mediante los que las personas con discapacidad pueden ejercer su derecho al trabajo. Son los siguientes:

• - Empleo ordinario, en las empresas y en las administraciones públicas, incluido los servicios de empleo con apoyo.
  En este ámbito se regulan los servicios de empleo con apoyo que tienen por objeto facilitar la adaptación social y laboral de personas con discapacidad con especiales dificultades de inclusión laboral en empresas del mercado ordinario de trabajo en condiciones similares al resto de los trabajadores en puestos equivalentes. Se mantiene la obligación de las empresas públicas y privadas de 50 o más trabajadores de reservar al menos el 2% de los puestos de trabajo para personas con discapacidad.
• - Empleo protegido, en centros especiales de empleo y en enclaves laborales. Se establece, como objetivo principal de los centros especiales de empleo, realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y como finalidad de los mismos asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad. Además son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el empleo ordinario.
  Se establece la posibilidad de constituir enclaves laborales para facilitar la transición al empleo ordinario de las personas con discapacidad con especiales dificultades para el acceso al mismo.
• - Empleo autónomo. Se encomienda a los poderes públicos la adopción de políticas de fomento del trabajo autónomo de personas con discapacidad dirigidas al establecimiento y desarrollo de iniciativas económicas y profesionales por cuenta propia a través de entidades de la economía social.

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