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Las Operaciones Vinculadas
(06 abril -2010)

CiU y PP negocian flexibilizar las operaciones intragrupo de pymes
Publicado el 25-03-2010, por Mercedes Serraller. Madrid

Los grupos parlamentarios han acordado reformar el marco de operaciones vinculadas. El debate que se plantea ahora es cómo y dónde. A los asesores fiscales no les parece suficiente que el cambio se limite a eliminar las obligaciones de documentación a priori para las pymes en el Real Decreto (RD) con medidas económicas que recoge los acuerdos del Palacio de Zurbano, que se aprueba el próximo 30 de marzo.
Piden una modificación de más largo alcance en la Ley de Economía Sostenible (LES). Cuentan con el apoyo de CiU.

Para empezar, PP y CiU habrían pactado vincular su apoyo a cualquier cambio sobre precios de transferencia a que se libere de las obligaciones de documentación a las pymes. El Grupo Catalán presentó el pasado 11 de febrero una Proposición No de Ley en esta línea.

El diputado de Unió Josep Sánchez Llibre asegura: “Queremos hacer bandera de la reforma de vinculadas. Las empresas pequeñas deben dedicarse a comercializar, vender y cobrar, no a hacer papeles ante el riesgo de caer en el fraude fiscal”. De esta forma, CiU ratifica que acompañarán a los asesores en el proceso, “primero en el RD y, después, en la LES”, a la que, en breve, se empezará a presentar enmiendas. “Durán está apretando muchísimo en este asunto”, insiste.

Sánchez Llibre ha apreciado “sensibilidad” de la ministra de Economía, Elena Salgado, sobre este asunto. El Gobierno se decanta por encajar la reforma en el RD de Zurbano. Sin embargo, fuentes autorizadas de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) aseguran que el RD les parece “insuficiente, poco ambicioso. No nos queremos conformar con un parche, hay que modificar el marco en toda su extensión, en la LES”.Y zanjan: “No se trata de hacer un favor a las pymes, sino de rectificar un inmenso error”.
De hecho, Aedaf presentó el pasado 26 de febrero una propuesta de reforma sobre las obligaciones de documentación, el régimen sancionador y el ajuste secundario.

Aedaf ha recabado el apoyo de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Esta asociación también ha sumado apoyos entre varias plataformas empresariales.
Según Aedaf, “la Administración ya no puede esgrimir la vulneración del derecho comunitario”, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado 21 de enero que avala establecer una legislación diferente para las operaciones nacionales.

A su vez, el portavoz de IHE, Francisco de la Torre, les reitera “su apoyo”, y pide que “se limiten las obligaciones a las operaciones internacionales.” Pero De la Torre matiza algunos puntos. Su mayor discrepancia es sobre cómo articular la reforma ya que, en principio, cree que “el RD sería suficiente para modificar cuestiones de reglamento”.

Aunque, “si se toca el artículo 16 delTexto Refundido de la Ley del Impuesto SobreSociedades”, reconoce, habría que hacerlo en la LES. Según los Inspectores, esta norma es un texto “polémico“ –aluden a las descargas– por lo que no se cerrarían a que la reforma se articulara “en otra ley”. Además de sus diferencias sobre el ajuste secundario, De la Torre cree que “la pyme que desarrolla operaciones con módulos también debe documentarlo”. Sin olvidar que aboga por una reforma de los módulos.

¿Cuándo se aprobó?
Se ha cumplido un año –el pasado 19 de febrero– de la entrada en vigor del Real Decreto 1.793/2008, que introdujo las obligaciones de documentación. Complementó las novedades introducidas en el Impuesto sobre Sociedades por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.

¿Cuál era su objetivo?
El objetivo era adaptar la legislación española a las directrices de la OCDE y al Foro Europeo sobre precios de transferencia. Con una proporcionalidad que, a juicio de Aedaf, no se cumple: “La reestructuración debe adaptarse a la OCDE, y la Administración Tributaria ya no tiene la posibilidad de esgrimir la vulneración del derecho comunitario, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) del pasado 21 de enero que avala establecer una legislación diferente para operaciones nacionales respecto de las internacionales.

¿Qué supone a la pyme?
El coste material puede ser de entre 6.000 y 20.000 euros, más el tiempo que absorbe y la inseguridad que transmite. Aedaf detalló que una operación de 10.000 euros a mercado puede ser penalizada con hasta 60.000 euros por deficiencias en la documentación. “Se exige a la pyme en operaciones nacionales lo mismo que piden Reino Unido o Francia a la gran multinacional”, dicen.

¿Qué pide AEDAF?
Limitar las obligaciones de documentación a las operaciones internacionales, y eximir a las pymes de toda obligación a priori. Redefinir las pymes (50 millones de facturación, 150 empleados, etc.) en la línea de Reino Unido o Francia. Incrementar el grado de participación mínimo exigido para que haya vinculación desde el 1% (para cotizadas) y 5% al 50%, salvo si la Administración prueba que un contribuyente ejerce el control político, entre otras.

Departamento de Asesoría Fiscal

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